EFEVerde– El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que transpone las directivas europeas y, mediante impuestos y modelos alternativos de recogida, aspira a reducir en 2030 la producción de desechos en un 15 % respecto a 2010.
El texto, que reemplazará la vigente ley de residuos de 2011, ha salido adelante en la cámara baja pese a no contar con el apoyo de los grupos independentistas catalanes, que finalmente han votado en contra del proyecto tras intentar sin éxito convencer a los socialistas de que Cataluña mantenga su propia gestión del impuesto de vertido e incineración.
“El nuevo impuesto de residuos hace que desaparezca el canon que existe en Cataluña desde hace 17 años y quita a esta comunidad la capacidad de poder gestionarlo”, ha reclamado el diputado Francisco Javier Eritja, del grupo republicano, que ha pedido que este tributo no se aplique a las comunidades que ya cuentan con una estrategia fiscal al respecto.
La iniciativa, que aún debe pasar por el Senado y aprobarse de forma definitiva en el Congreso, se ha aprobado con seis meses de retraso desde que, en julio de 2021, debiera hacerse efectiva en España la prohibición de comercializar bastoncillos, pajitas, vasos, platos y cubiertos de plástico de un solo uso, una de las exigencias de Bruselas para frenar la contaminación marina por microplásticos.
“Los vertederos se siguen saturando y siguen generando problemas graves”, ha alegado por su parte el diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, Juan López de Uralde, quien ha celebrado la aprobación de la ley que pondrá en marcha nuevos sistemas de recogida separada, como es el caso de la materia orgánica.
La fracción de residuos orgánicos, que supone casi la mitad -en peso- de los desechos generados en este país, pasaría a recogerse de manera separada de forma obligatoria a partir del 30 de junio de 2022 en localidades de más de 5.000 habitantes y desde enero de 2024 en el resto, a fin de transformarla en compost (biofertilizante) o en energía (biometano), mediante la digestión anaerobia.
La adaptación del marco jurídico español a las directivas europeas mediante esta ley también implica que antes de 2025 las entidades locales deberán desarrollar esquemas de recogida de residuos textiles para facilitar su reciclaje.
Una alternativa al contenedor amarillo
Otra de las principales novedades del proyecto de ley, cuyas enmiendas se han estado negociando hasta el último minuto antes del pleno, es que abre la puerta a un nuevo modelo de recogida de envases de plástico inspirado en la costumbre de devolver en los comercios los recipientes vacíos a cambio de unos céntimos que se habían dejado al comprar el producto en concepto de depósito.
El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), podría imponerse a nivel nacional y partir de 2023 en caso de no cumplirse los objetivos que recoge la ley: que en esa fecha se recoja de manera separada y “para su reciclaje” el 70% (en peso) de las botellas de plástico introducidas en el mercado.
Esta parte del texto se ha quedado “a medio camino” de lo que había propuesto incialmente en su enmienda Más País-Verdes-Equo, según ha advertido en el hemiciclo su diputada Inés Sabanés, pues su formación, que ha votado a favor de la ley, pedía la implantación de este modelo a nivel nacional sin condiciones, algo que finalmente queda recogido, pero supeditado al cumplimiento de las metas de reducción.
Nuevos objetivos de reducción de residuos
La Comisión Europea, en su Paquete de Economía Circular, pide que en 2025 se recicle al menos un 65 % de los envases comercializados, así como un 75 % del papel y el cartón, un 50 % de los residuos plásticos y de aluminio, un 70 % de los metales ferrosos y residuos de vidrio y un 25 % de la madera.
Bajo la premisa “quien contamina, paga”, la Ley fijará nuevas tasas a partir de enero de 2023: un impuesto sobre el vertido e incineración, y otro que gravará la producción de plásticos con 0,45 euros por kilogramo de este material en los productos.
Para Esther Padilla Ruíz, del Grupo Socialista, este proyecto de ley es la “piedra angular” de un proceso ambicioso de revisión de la normativa de residuos, dirigida a hacer posible una transición justa, para promover la protección del medio ambiente y las transformación del sistema productivo.
La diputada socialista ha explicado que la introducción de la fiscalidad ambiental en este proyecto con entrada en vigor en 2023, ha suscitado en otros grupos político grandes quejas, que, sin embargo para su formación representa la inexistencia de vocación recaudatoria de este Gobierno.
“Lejos de las quejas de otros partido, los impuestos en este proyecto no tienen vocación recaudatoria, todo lo contrario: para el Gobierno lo importante es que cuanto menos se recaude será mejor, porque eso significará que las empresas están contribuyendo con el objetivo de reducir los residuos y mejorar su gestión”, ha explicado Padilla.
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