Traducción de artículo publicado en Reuters por Pietro Lombardi y Belén Carreño
El gobierno español se comprometerá a finales de la década a reducir las emisiones en un 7% más de lo establecido anteriormente, pero no tanto como exigen los grupos ecologistas, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo de las negociaciones.
El gobierno elevará su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 en varios puntos a alrededor de un 30% menos de lo que se emitió en 1990, dijo la fuente, desde un objetivo actual de un 23% menos.
El objetivo más estricto se incluirá en una actualización de la hoja de ruta de clima y energía de España que se enviará a Bruselas a fines de junio, en la que también se espera que los objetivos para la generación de energía con hidrógeno y renovables sean más ambiciosos, dijo la fuente.
Madrid, al igual que sus socios europeos, se encuentra en proceso de actualización de su plan nacional de energía y clima -conocido por sus siglas en español PNIEC- hasta 2030.
El plan se adoptó formalmente en 2021, antes de que la invasión de Rusia a Ucrania volcara el mercado de la energía y desencadenara esfuerzos hercúleos para alejar a la UE del gas ruso y acelerar la transición verde.
Dichos planes son hojas de ruta clave para que las empresas planifiquen inversiones, ya que establecen objetivos de eficiencia energética y energías renovables, entre otros. Las capitales europeas tienen hasta finales de junio para presentar los proyectos de planes actualizados a la Comisión Europea, mientras que los textos finales deben presentarse en junio del próximo año.
En su guía emitida a fines del año pasado, el brazo ejecutivo de la UE dijo que «las actualizaciones deben centrarse en la necesidad de una acción climática más ambiciosa, una transición de energía limpia más rápida y una mayor seguridad energética».
Es probable que la medida de España decepcione a los grupos ecologistas, que exigieron un objetivo mucho más estricto del 55%. En 2020, Greenpeace y otros grupos presentaron una demanda por el cambio climático en el tribunal supremo de España, alegando que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para abordar el cambio climático. El fallo se espera para junio, según Greenpeace.
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