Las grandes patronales españolas hacen un llamamiento para que los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo se inviertan pensando en la transformación de la economía española. Por ello, su mayor reclamo pasa por destinar gran parte de esta cuantía a desarrollar políticas que favorezcan la creación de empleo y ayuden a mejorar la competitividad de las empresas. Además, los expertos consultados por elEconomista apuntan a que más que «pensar en gastar este capital, lo ideal sería hablar de realizar inversiones».
En este sentido, desde CEOE apuntan a que estos fondos «pueden ser críticos de cara a la deseada recuperación por lo que es necesario priorizar aquellas inversiones que sean más eficientes en favor de la actividad y de la competitividad de las empresas. A la hora de plantearse cómo emplear estos recursos será necesario centrar la atención en proyectos que sean susceptibles de colaboración y/o cofinanciación público-privada».
Todos coinciden así en la importancia de salvar al tejido empresarial español, que se ha encontrado ante una situación de crisis sin precedentes para la que no estaba preparado. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, explica que «lo más importante ahora es mantener las ayudas para evitar que haya destrucción del tejido productivo y empezar a ayudar a las empresas, especialmente pymes y autónomos, a reorientar sus negocios». Desde la patronal de los jóvenes empresarios (Ceaje) también resaltan que estos fondos deben ir dirigidos a «sostener a las empresas». «La prioridad es preservar el tejido productivo y adaptarse a sus necesidades, descargando a los empresarios de costes y facilitándoles liquidez».
Ampliar ayudas
Los sectores más afectados por la crisis -turismo, hostelería y transporte- han hecho especial hincapié en la necesidad de prorrogar las ayudas del Estado para salvar estas empresas o bien en desarrollar nuevos préstamos especiales para cada sector.
Por ejemplo, Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo, recordó que su sector acumula pérdidas cercanas a los 70.000 millones en ingresos y que están en «una situación crítica». «Debería haber una partida importante para ampliar los ERTE hasta finales de año e incluso hasta marzo de 2021. También necesitaríamos que haya un periodo de carencia de dos años para las líneas de crédito con aval del ICO», añadió.
Un mensaje similar al de Javier Gandara, presidente de ALA (patronal de las aerolíneas), que también pidió extender los Ertes por fuerza mayor de la industria aérea hasta el 30 de marzo de 2021 «para dar a las aerolíenas la flexibilidad y capacidad de ir adaptándose poco a poco a recuperación de la demanda». Sobre los avales del ICO, reclamó que cubran «hasta el 90% de los riesgos de los préstamos a las aerolíneas para facilitar su acceso a la liquidez». También pidió «una rebaja de las tasas aeroportuarias».
El sector del transporte en su conjunto también destacó la importancia de renovar las flotas con el objetivo de descarbonizar la economía, una de las prioridades que se contemplan también desde Europa. Así, Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, dijo que «se deberíainvertir en la compra de vehículos alternativos a los combustible fósil, a potenciar la electrificación del transporte urbano y la renovación de las flotas con gas o híbridos, además de al desarrollo de nuevas tecnologias». Ramón Valdivia, director general de Astic, explicó por su parte que «el parque automovilístico de vehículos pesados en España tiene 12 años de antigüedad en camiones y ocho en cabezas tractoras. Sin embargo,los vehículos nuevos emiten, de media un 20% menos de CO2 que los de más de 10 años y las condiciones de seguridad vial activa y pasiva».
Miguel Ruiz, presidente de Atuc apuntó la importancia de convertir las redes de transporte colectivo en «una verdadera alternativa al vehículo de uso privado potenciando las redes actuales aumentando su eficacia y su eficiencia». Francisco Aranda, presidente de Uno (Organización Empresarial de Logística y Transporte), abogó por invertir los recursos en «transformación digital, sostenibilidad y formación». Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación Española Usuarios del Transporte de Mercancías, dijo que «los fondos destinados a fomentar el trasvase de las mercancías hacia modos de transporte más sostenibles, o las ayudas a la digitalización de las pymes de transporte, contribuirían a impulsar una actividad económica que tiene potencial para crear miles de empleos».
La digitalización, clave
xLa transformación digital es otra de las condiciones sine qua non a las que debe estar vinculada las ayudas europeas. Por ello, las fuentes de Anfac consultadas apuntan a que las ayudas al automóvil deben estar digidas a impulsar la «movilidad del futuro». «Los fondos han de servir para mantener la potencia de la industria automovilística española, la segunda de Europa, e impulsarla, con los ejes de la descarbonización y la digitalización, para que sea un polo de atracción de nuevas adjudicaciones, tecnologías y modelos de futuro que apalanquen este sector, que supone el 11% del PIB y el 9% del empleo sobre la población activa», añaden.
Alicia Richart, directora general de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), explicó que este fondo «supone una oportunidad que España debe aprovechar para avanzar de manera decidida para hacer del nuestro un país referente en innovación tecnológica, impulsando la digitalización global y real de ciudadanos, empresas -especialmente las pymes- y administración». Pedro Mier, presidente de la patronal del sector tecnológico, Ametic, añadió que llevan trabajando desde hace un par de años en «la elaboración de macroproyectos tractoresque giran en torno a la digitalización de la salud, la modernización del sector agroalimentario, la movilidad sostenible y la modernización del turismo». Desde la patronal del capital privado (Ascri), por su parte, hacen un llamamiento a la prudencia en el gasto. Su vicepresidente, Oriol Pinya, también apuesta por invertir «en infraestructuras para digitalizar la economía, en educación, con énfasis en una FP adaptada a la sociedad del conocimiento, en la transformación a una economía verde y en sufragar las cuotas de la seguridad social a las empresas que mantengan o crezcan el empleo. La recuperación económica del país será mucho más rápida si priorizamos mantener el empleo existente versus pagar subsidios de desempleo». Otro de los sectores que más ha sufrido durante la pandemia del coronavirus ha sido el de la industria, que arrastraba además años complicados en muchos de sus segmentos por el alto coste de la electricidad. El cierre de sus grandes instalaciones por el estado de alarma ha dejado en una complicada situación a muchas empresas.
Desde la patronal siderúrgica, Unesid, recuerdan que «Europa todavía no ha entregado ningún dinero a España» y que «el Gobierno debe remitir planes concretos y específicos» para que sean aprobados por la Comisión Europea. Por ello, aboga por un plan «de obra pública que revierta la pérdida de capital que se lleva produciendo en nuestro país desde hace más de 10 años». Este plan contemplaría inversiones en ferrocarril y en Puertos del Estado; incrementar la eficiencia energética en los edificios residenciales existentes; subvencionar proyectos de I+D+i ligados a la descabornización de la industria; subvencionar hasta el 30% de los proyectos industriales que conjugen la creación o el mantenimientodel empleo, la mejora sustancial de la eficiencia energética y el avance en el proceso de descarbonización ; y establecer un sistema que permita el acceso de los consumidores electrointensivos al resultado de las subastas de renovables, entre otras. Carlos Reinoso, director general de Aspapel, argumentó por su parte que estos recursos deben destinarse «a impulsar la competitividad de la industria y a apoyar las inversiones industriales mediante incentivos. Al fin y al cabo, es la inversión industrial la que retorna mayor valor añadido, la que tiene mayor efecto tractor en la economía y la que crea puestos de trabajo más estables y de calidad».
En el ámbito de las infraestructuras, Julián Núñez, presidente de Seopan pidió «poner al día todas aquellas infraestructuras en las que hemos acumulado un déficit desde la crisis de 2008. Habría que hacer una selección de las prioridades que tenemos, las que tengan mayor impacto social y mayor retorno económico, y encauzar todas esas ayudas directas y también los préstamos en todas esas infraestructuras, que incluyen el ciclo integral de agua, transporte público, todo el tema de medio ambiente y residuos, telecomunicaciones, energía o las políticas de vivienda en régimen de alquiler».
Jaime Lamo de Espinosa, presidente de Anci y catedrático emérito de Economía, argumentó la importancia de invertir en obra pública «por la capacidad dinamizadora de la economía, de generar empleo con carácter inmediato y el retorno fiscal, además de por la necesidad de cubrir el gap de infraestructuras existente».
Desde la patronal de las renovables (APPA) destacan que «el dinero que se utilice para impulsar el sector debería emplearsepara mejorar el acceso a la financiación de los proyectos y apoyar el I+D+i».
Artículo publicado en El Economista
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