Con los bonos de impacto social, los gobiernos solo pagan si se logran los objetivos. Esta novedosa herramienta podría ayudar a afrontar las fracturas sociales que la crisis está agravando en América Latina y el Caribe
El nuevo coronavirus es un tsunami que ha sacado a la superficie las más profundas desigualdades de América Latina. Los que la habitan padecen a diario el colapso sanitario, la precariedad laboral y el hambre, todos fruto de décadas de inversiones de poco impacto en el bienestar social. Allí es donde el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) apuesta por los Bonos de Impacto Social (BIS) para que los países latinoamericanos inviertan en resultados. La fórmula de estos bonos es simple: solo si se logra y verifica el éxito de un programa social, el gobierno paga.
“Antes mi vida era un poco gris, porque me sentía muy insegura e incapaz”, cuenta Jesica Palacios, una joven de 22 años que apenas hace un año obtuvo su primer empleo formal. Ella es uno de los miles de colombianos a quienes medio siglo de conflicto armado impidió acceder a un empleo digno. Desplazada por la violencia, durante años Palacios trabajó de manera informal y hasta estuvo desempleada por más de 10 meses. Todo esto cambió cuando se unió a un programa de empleabilidad en Cali que el BID Lab impulsó mediante un BIS. “Hoy tengo más confianza en mí y me gustaría a futuro tener mi propia empresa para ser una fuente de empleo para otros”, comenta ahora que trabaja de operadora en un call center.
Esta es una de las experiencias que el organismo recoge en su estudio Bonos de impacto social en América Latina para dar a conocer el potencial del mecanismo que lanzó en 2014. Desde entonces, el laboratorio ha apoyado al diseño de BIS en Colombia, Argentina, Chile, México y Brasil. “La idea era probarlos, encontrarlos viables y escalarlos a través de la política pública”, explica Christine Ternent, especialista líder del BID Lab.
A diferencia de otros programas sociales, en estos bonos quienes financian y asumen el riesgo son los inversionistas privados y no los gobiernos. Únicamente si se obtienen los resultados esperados y son verificados, el gobierno paga la inversión. Así sucedió en Colombia donde en 2017 se llevó a cabo el primer bono de este tipo para la región. La meta era conseguir un empleo formal a poblaciones de difícil colocación. Si se lograba esto, el gobierno y el BID Lab, con recursos de la Cooperación Suiza, pagarían el 50% de lo invertido y el restante se desembolsaría si las personas retenían el trabajo por lo menos durante tres meses. Del total de 1855 participantes, 900 consiguieron un empleo formal, con un 79% de retención laboral de tres meses y el 46% por seis meses o más.
Esta experiencia pionera ha servido para los otros dos bonos de empleabilidad que le han seguido en el país. “La mayor lección ha sido trabajar con un enfoque más programático que transaccional, es decir, que se promueva múltiples BIS de manera que el primero genere lecciones para el segundo y el segundo para el tercero, y así sucesivamente”, indica Ternent.
En los últimos años, América Latina ha aumentado su apuesta por este y otros tipos de bonos de impacto para financiar sus programas sociales. Además de los BIS, los gobiernos están probando los Bonos de Impacto en el Desarrollo (BID), una variante en la que los resultados son pagados por una agencia donante, organización multilateral o fundación.
A pesar de estos avances, el mercado de bonos en la región aún es bastante joven. Según datos de Government Outcomes Lab, de los 204 bonos de impacto en el mundo, tan solo cuatro son BIS latinoamericanos. “La evidencia es muy reciente e incipiente, pero parece indicar que los bonos son viables en la región y pueden ofrecer los mismos beneficios que ya se han visto en otros países”, señala la experta del BID Lab. “Es fundamental tener evaluaciones que permitan conocer los resultados, los aprendizajes y lo que es atribuible a los BIS para que otros se interesen y podamos seguir aprendiendo de la herramienta”.
Pero estos bonos no siempre encajan con los marcos regulatorios ni con los ciclos políticos de todos los países latinoamericanos. A veces todo esto ha frenado su desarrollo. Por ejemplo, el BID Lab tenía planteado un BIS para apoyar a las mujeres amas de casa vulnerables en Jalisco, el cual se canceló debido al cambio de gobierno en ese estado mexicano. Lo mismo sucedió en Brasil.
Esa inestabilidad política es constante y los latinoamericanos la perciben con desconfianza, sobre todo cuando se enfrentan a la falta de transparencia de sus instituciones. Según el Barómetro Global de la Corrupción, en 2019 el 85% de ciudadanos ya pensaba que la corrupción era un asunto grave en la región. Un malestar que ha aumentado en pandemia, haciendo que América sea “un escaparate de corrupción y mala gestión de fondos” de acuerdo con el último índice publicado por Transparencia Internacional. Por eso, mejorar la rendición de cuentas también fue una de las motivaciones del BID Lab al lanzar este mecanismo de pago por resultados.
“Al enfocarse en resultados, se requiere de un trabajo muy detallado para la construcción de las métricas al comienzo de los contratos, la verificación de resultados por terceros expertos, la generación de datos y los sistemas de gestión de desempeño”, explica la especialista Ternent. “El uso de los recursos públicos solo se presenta cuando hay resultados verificados por el tercer experto, así que hay más actores revisando y conociendo los resultados”.
Aunque el estudio del BID Lab sugiere que todavía es pronto para hablar de un cambio cultural en la rendición de cuentas en los gobiernos, sí hay algunos progresos, en particular en Colombia. A partir de la experiencia de los bonos, este país se ha convertido en el primer país de la región en poner en marcha un Fondo de Pago por Resultados para aliviar el desempleo a raíz de la covid-19, que incluye un equipo dedicado a la verificación y evaluación.
“Es muy difícil tener un buen empleo porque siempre te quieren explotar, pagándote menos y haciendo que trabajes más”, comenta Laura Dayana Mosquera, quien hasta hace dos años trabajaba como vendedora ambulante de loterías. Tras participar en el mismo programa que Palacios, ahora también es operadora en un centro de llamadas (call center)que, en sus palabras, le da “estabilidad emocional” en medio de la crisis.
Para Ternent, estos bonos tienen el potencial de generar mayor impacto en este momento en que las economías latinoamericanas han sido las más afectadas por el coronavirus. Precisamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), más de 2.7 millones de empresas de la región podrían quebrar y, a su vez, habría un retroceso de 10 años en la participación laboral de las mujeres. “Ante una de las mayores crisis que hemos visto, este mecanismo reviste aún mayor interés ya que se centra en aunar esfuerzos y recursos, y en poner el foco en resultados, especialmente para las poblaciones más vulnerables que han sido desproporcionadamente afectadas”.
Por: Sally Jabiel, El País
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