«Además de los fondos europeos, las herramientas públicas existentes deben venir acompañadas del apoyo desde el sector privado»
Con una carrera profesional desarrollada íntegramente en el Banco Santander, Alicia Muñoz Lombardía es actualmente la vicesecretaria del Consejo de Santander España y directora de Gobierno, Regulación, Privacidad y Clima, además de consejera independiente del Canal de Isabel II y miembro del Consejo de Santander Seguros y Reaseguros. Conferenciante habitual en diversos foros, ha participado en publicaciones colectivas y desarrolla su actividad docente en programas directivos sobre transformación social empresarial, sostenibilidad y gobierno corporativo.
Con motivo de la celebración el pasado 5 de marzo, del Día de la Eficiencia Energética, se celebró la jornada ‘Contribuyendo a la transición energética desde la rehabilitación de edificios’, organizada por Banco Santander y la Comisión Regulatoria de Women Action Sustainability. Un evento dirigido a Pymes y autónomos donde, entre otros temas, se puso en valor la oportunidad que los programas de rehabilitación energética traen consigo. Junto a otras juristas, Alicia Muñoz Lombardía, Vicesecretaria del Consejo de Santander España y responsable de Cambio Climático, fue una de las ponentes.
– En todas las intervenciones se ha presentado la rehabilitación energética como palanca para salir de la crisis, ¿qué tipo de actuaciones o incentivos son necesarios para impulsar estas actuaciones?
– El plan de recuperación europeo y la ‘Renovation Wave’ constituyen una oportunidad para acometer iniciativas de edificación sostenible que constituyen una importante palanca de creación de empleo y crecimiento económico. Los sectores especialmente impactados por la crisis, como el hotelero o el de oficinas, pueden aprovechar la paralización de la actividad para acometer renovaciones de sus inmuebles y mejorar sus instalaciones para ser más competitivos una vez se reactive la economía y, por supuesto, la construcción puede orientar su modelo de negocio hacia esta ‘ola de renovación’ y acometer rehabilitaciones estructurales.
– ¿Es necesario el desarrollo de este tipo de planes o actuaciones eficientemente energéticos específicos para entornos rurales y urbanos?
– Una gran parte del parque inmobiliario de edificios de España es antiguo y con estándares antiguos, que eran poco exigentes o casi inexistentes. Más del 98% de los edificios son energéticamente ineficientes y solo el 0,3% cuentan con una clasificación energética A. De la energía total consumida en los edificios residenciales, solo el 17,7% procede de fuentes renovables. Con la comparativa de países de nuestro entorno, no hay duda de la urgencia en acometer medidas de renovación, tanto en entornos rurales como urbanos. Desde el punto de vista normativo, hay iniciativas en curso como la Ley de Cambio Climático y transición energética, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) y la Estrategia a largo plazo para la renovación energética del sector de la edificación en España (ERESEE 2020) y, sobre todo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que hay una política específica sobre agenda urbana, rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura con un proyecto tractor sobre rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Aunque estas actuaciones implican altos costes iniciales con períodos de recuperación prolongados, la rentabilidad a medio y largo plazo está asegurada y las entidades bancarias ofrecemos soluciones adecuadas para que la ecuación financiera para el beneficiario sea positiva.
– ¿Qué tipo de políticas, medidas fiscales, etc. son necesarias para conseguir un desarrollo social y económico donde la rehabilitación y la eficiencia energética tengan peso?
– Además de la concienciación y compromiso de todos los actores involucrados, en primer lugar, los beneficiarios deben conocer las ayudas existentes y los procesos administrativos para su obtención. Además, será preciso activar palancas de impulso de las iniciativas de rehabilitación energética como medidas fiscales, de promoción de la inversión privada para el desarrollo de proyectos de rehabilitación o incluso exención de las subvenciones percibidas para acometer estas actuaciones a efectos de renta. Para facilitar la toma de decisiones y la financiación de actuaciones de eficiencia energética y uso de fuentes de energía renovable como placas solares en las comunidades de propietarios es preciso modificar la Ley de Propiedad Horizontal.
– En este sentido, ¿es necesaria una colaboración público-privada a la hora de desarrollar las distintas formas de financiación y/o ejecución de estos planes?
– Absolutamente, además de los fondos europeos, las herramientas públicas existentes deben venir acompañadas del apoyo desde el sector privado. Para la canalización de los planes de rehabilitación es fundamental la coordinación de todos los actores clave que forman parte del proyecto, es decir, propietarios, organismos intermedios, asesores y canalizadores, arquitectos, fabricantes, compañías de construcción, certificadores y para ello, hay que poner en marcha modelos de colaboración público-privada que faciliten el proceso. En este sentido, Santander apuesta por apoyar a sus clientes hacia su transición hacia una economía baja en carbono, no solo proporcionando productos y servicios financieros a actividades que sean responsables desde el punto de vista medioambiental y social, sino también acompañándoles en el proceso completo para la selección de la solución de rehabilitación y eficiencia energética más adecuadas, gestión de las posibles subvenciones, financiación, servicios y homologación o certificación necesarios.
– Estas actuaciones de rehabilitación de casas y de edificaciones municipales, ¿pueden ser medidas de recuperación del medio rural?
– En el último año hemos visto que, con ocasión del confinamiento, muchos trabajadores se han trasladado a zonas rurales atraídos por una mayor la calidad de vida y una menor incidencia de los contagios. El teletrabajo se está consolidando, no solo como una medida para asegurar la continuidad de la actividad entretanto se mantengan las restricciones de aforo en los centros de trabajo sino que, dadas sus ventajas, es improbable que se vuelva a la situación anterior y ganen fuerza los modelos híbridos con trabajadores deslocalizados. Sin embargo, uno de los retos a los que se enfrentan los núcleos rurales es proveer una oferta residencial con condiciones de habitabilidad adecuadas que favorezcan el bienestar de sus moradores y para lo que será necesario acometer medidas de acondicionamiento de los inmuebles y proveer soluciones de eficiencia energética, además de, por supuesto, la necesaria conectividad. Las infraestructuras, condiciones climáticas y servicios básicos de España, así como el extraordinario atractivo de sus pueblos constituyen una clara oportunidad para atraer a este tipo de trabajadores tanto nacionales como europeos.
– La rehabilitación energética puede ser también una oportunidad para la transición hacia una economía baja en carbono, ¿son suficientes las políticas y ayudas existentes para conseguir esa reducción de emisiones?
– El sector de la edificación es clave para la reducción de la demanda energética ya que el consumo de los hogares representa el 18% de la energía final y el sector terciario supone el 13% del consumo final. La rehabilitación energética consta de dos fases: reducción de las necesidades energéticas y nueva construcción energéticamente eficiente y, descarbonización de las demandas restantes. Para la consecución de estos objetivos y, a la postre, la progresiva reducción de las emisiones necesaria para cumplir los objetivos, existen distintas tecnologías y herramientas para la reducición de la demanda, como sistemas de domótica o climatización y para la transición hacia energías verdes como reemplazar el uso de carbón o gasóleo por electricidad en los equipos de calefacción.
–En esta línea, ¿qué tipo de medidas son necesarias para reducir la huella de carbono?
– Aunque ya estamos percibiendo las consecuencias del cambio climático, lo cierto es que los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2030 y la neutralidad climática para 2050 presentan un horizonte temporal muy largo y unos desafíos inéditos de gestión a medio y largo plazo que requieren la concienciación y el compromiso de todos: de los poderes públicos, del sector privado y, por supuesto, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Además, es clave no solo desarrollar un marco regulatorio adecuado con vocación de permanencia, sino que también se tiene que incentivar el empleo de energías renovables para generalizar su uso, comenzando por aquellas que utilizan tecnologías más maduras y seguir profundizando en el desarrollo de soluciones innovadoras y todo ello, por supuesto, en el marco de un consumo responsable a todos los niveles. Las empresas tienen que emprender la transición hacia una economía baja en carbono y, para ello, desde Santander ya estamos trabajando con nuestros clientes para apoyarles en este viaje.
«Uno de los retos de los núcleos rurales es proveer una oferta residencial con condiciones de habitabilidad adecuadas»
Por: Saray Ceballos, El Diario Montañés
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