La Generalitat de Cataluña espera recaudar 67 millones de euros este año
El pionero impuesto catalán a las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de vehículos, que la Generalitat tiene previsto empezar a cobrar a partir de octubre, afectará en su primer año de aplicación a 2,3 millones de vehículos. De media, cada propietario de un coche gravado deberá pagar 35 euros anuales. Los de motos, unos 26,5 euros, según las estimaciones que maneja el Govern. La Generalitat espera recaudar en este ejercicio 67,3 millones de euros. Y en torno a 140 millones en años posteriores, explican fuentes de la Generalitat.
Toda la recaudación irá destinada al fondo climático y a medidas para proteger la biodiversidad. Independientemente de quien lo conduzca, deberá ser el titular del vehículo quien deba abonarlo. El motivo por el que en los próximos años la recaudación por el impuesto aumentará significativamente (de 67,3 a 140 millones) responde a que el impuesto empezará, a partir de 2023, a gravar a los coches que emitan 95 gramos por kilómetro. Este año solo lo harán los que contaminan 120 gramos. Esto supondrá que los propietarios de vehículos que deberán abonar la tasa se elevarán entre un 20 y un 25% en un año.
Constitucional
El impuesto afecta también a las furgonetas con emisiones superiores a los 160 g/km, que de media pagarán este año unos 21,5 euros. La tasa es progresiva (quién más contamina más paga), y el cálculo se realizará por tramos. Así, de 120 a 140 gramos por kilómetro se pagarán 11 euros, o 32 euros si se superan 170 gramos de emisiones por kilómetro. Los coches históricos y las ambulancias, los vehículos oficiales, y los adaptados para personas con movilidad reducida quedarán exentos.
A partir del 1 de mayo, cuando la Generalitat habilitará un padrón de la Agencia Tributaria de Cataluña, los propietarios podrán consultar la cantidad a abonar. Los titulares que detecten fallos en los datos podrán presentar alegaciones hasta el 4 de junio. La cantidad definitiva llegará a los titulares en octubre y deberá abonarse del 1 al 20 de noviembre.
La Generalitat aprobó la tasa en marzo de 2017 (en la ley de acompañamiento de los presupuestos), pero nunca se llegó a aplicar al quedar suspendido cautelarmente tras ser recurrida por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) por invasión de competencias. En 2019, el TC declaró su constitucionalidad, pero esta vez fue la pandemia la que volvió a retrasar su aplicación.
Por: Carlos Garfella, El PAÍS
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