El gigante agroquímico ha logrado una suspensión provisional del decreto que busca eliminar el polémico pesticida para 2024. El Gobierno ha recurrido el fallo
Las presiones de la industria agroquímica para que México revierta su decisión de prohibir el glifosato han logrado una primera victoria. Un juez le ha dado la razón a Monsanto en la batalla legal que emprendió a principios de abril contra el decreto que busca acabar con el pesticida y ha otorgado a la empresa una suspensión provisional que le permite seguir comercializándolo hasta que se resuelva el juicio.
El magistrado Francisco Javier Rebolledo argumenta en su decisión del 15 de abril que, de no conceder la suspensión, “se correría el riesgo de que ante el desuso del glifosato y el maíz genéticamente modificado se afectara la producción agroalimentaria”. Se espera que el próximo 7 de mayo el juez emita un dictamen definitivo. En cualquier caso, la suspensión aplica únicamente a la empresa -ahora propiedad de Bayer– y no al sector en su conjunto.
La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) anunció este lunes que ha recurrido el fallo y criticó duramente la ofensiva de Monsanto para evitar la prohibición del herbicida. “La Semarnat siempre estará firme y con los elementos necesarios para defender el Decreto ante las argucias e intereses de particulares que atentan contra la vida y el derecho a un medio ambiente sano para las y los mexicanos”, dijo la dependencia en un comunicado.
En un paso sin precedentes en América Latina, el Gobierno mexicano decretó el pasado 31 de diciembre la prohibición del glifosato y el maíz transgénico para 2024 porque el pesticida más utilizado del mundo tiene “efectos nocivos” en la salud de las personas y el medio ambiente. México siguió así los pasos de una creciente lista de países que han tomado acciones después de que la Organización Mundial de la Salud clasificara al glifosato como “probable cancerígeno” en 2015.
Sin embargo, Monsanto insiste en la inocuidad de su producto estrella. La firma lo patentó en 1974 con la marca Roundup y, tras verse obligado a pagar multimillonarias demandas por casos de cáncer, se ha convertido en un símbolo de los males de la agroindustria. “El glifosato es seguro y así lo avalan cientos de estudios científicos”, aseguró en un comunicado la empresa, que no accedió a las solicitudes de entrevista de este periódico alegando que se trata de un proceso legal en curso.
El juicio de amparo iniciado por Monsanto es parte de un amplio esfuerzo de la agroindustria por frenar las intenciones del Gobierno mexicano. De hecho, el de Monsanto es el décimo amparo interpuesto en contra del decreto presidencial, aunque ha sido el único que ha prosperado en los tribunales. Además, a principios de año se conocieron las presiones que han ejercido diversas secretarías de Estados Unidos para que México desista en sus intenciones de prohibir el glifosato.
Según los documentos obtenidos a través de una solicitud de transparencia interpuesta por la organización estadounidense Centro para la Diversidad Biológica, las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Estados Unidos se pusieron en contacto con sus homólogos en México “para hacer presión y tratar de debilitar o revertir” el decreto, explica el científico de esa organización Nathan Donley. Detrás se encuentra “una industria química con una enorme influencia” sobre la política estadounidense.
Desde Sin Maíz No Hay País conocen bien la historia de litigios de Monsanto en México. La campaña, compuesta por más de 300 organizaciones, lleva más de una década luchando contra la empresa para evitar la propagación de los maíces transgénicos en México, que ponen en peligro las variedades nativas de ese grano. Y saben que ganarles es posible. En 2013, consiguieron que la Justicia mexicana suspendiera la siembra de maíz transgénico. Monsanto también perdió la batalla legal contra el movimiento de la apicultora maya Leydy Pech, quien logró que se le revocaran los permisos de soya transgénica en siete Estados del país.
“Monsanto tiene un poder impresionante y la posibilidad de acceder a estos mecanismos de justicia y posicionar sus intereses”, dice Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, una de las organizaciones que forma parte de Sin Maíz No Hay País. “Pero gracias a la movilización que hace la sociedad civil y las comunidades indígenas se han logrado victorias históricas”. Ahora solo espera que esta nueva embestida de Monsanto pueda ser frenada una vez más en los tribunales.
Por: Teresa de Miguel, El PAÍS
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