Artículo publicado en Gestión.pe por Mía Ríos
Históricamente, la ESG (riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza – ASG o ESG por su acrónimo en inglés) se ha considerado como un centro de costes destinado a abordar el cumplimiento de una normativa, más que una fuente de valor.
Muchas empresas han dado el paso de contratar a un director de sostenibilidad, pero, ¿ha sido lo suficiente?
Para Miguel Castañeda Loayza, académico y gestor inversionista, la responsabilidad social dejará de ser una estrategia para ser un enfoque en las corporaciones pues en el corto plazo pasará a ser una obligación.
Como parte de las conclusiones a las que llega su libro “Organizaciones sostenibles: Nueve pasos para crear sostenibilidad corporativa”, la recopilación de hallazgos en cinco años de investigación, señala que las organizaciones deben empezar a plantearse esquemas de gestión que vayan mucho más allá de los beneficios de sus accionistas para involucrar acciones que beneficien a los diversos stakeholders, lo que se conoce como capitalismo de las partes interesadas.
En entrevista a gestion.pe, el especialista menciona que las nuevas regulaciones están empujando a las grandes administradoras de fondos y gestoras de activos a revisar el alcance de estos criterios y ponerle más rigor en sus inversiones.
¿Las empresas aún creen que la sostenibilidad es una acción a favor que se milita a un sector vulnerable?
No necesariamente. Aquellas acciones vinculadas con el clima y la biodiversidad o la gestión de los recursos hídricos, por ejemplo, tienen que ver con todos, con la casa común. Ese ha sido el gran error de interpretación de la mayor parte de empresas. Confunden estrategias de responsabilidad social, con donaciones, subvenciones o ayudas directas a stakeholders claves para la licencia social de operaciones.
¿Cuál debe ser el alcance de la estrategia de responsabilidad social?
La gestión de la sostenibilidad impacta incluso en la propia operación de la empresa. Podrá ser una gran ventaja competitiva y de diferenciación. Ahora se habla aún más de resiliencia corporativa, más allá de la eficiencia y productividad.
Si las empresas siguen creyendo que la sostenibilidad son acciones a favor de un sector vulnerable siguen teniendo una miopía estratégica que incluso atenta contra sus propios intereses.
¿Hay un impacto del ESG en materia fiscal?
El impacto es directo. Las empresas no van a poder desgravar sus tributos con acciones de RSC (Responsabilidad Social Corporativa – RSC) si es que estas acciones no están sintonizadas con acciones realmente sostenibles. A partir de ahora, con las nuevas directivas europeas, que ya se implementarán pronto en países como el nuestro, no se podrá colocar en los informes de los reportes de sostenibilidad anual, a aquellas acciones que no tengan un impacto real con la nueva taxonomía europea. En estricto, pagarán más impuestos por emisiones, residuos y no cumplimiento con planes de igualdad, por ejemplo.
Sin embargo, si lo hacen con esta rigurosidad, estas acciones podrán ser consideradas como compensatorias de impuestos. Por otro lado, recuérdese que aquellas empresas que desarrollan acciones ESG las hacen más elegibles cuando necesiten inversiones importantes para sus nuevos proyectos.
¿El alcance solo es para las empresas, para el sector privado?
Los activos y proyectos de los gobiernos también están expuestos a estos criterios ESG. Imagínese un proyecto de Proinversión que no trabaje estos criterios. Así como pasó con el proyecto Michiquillay, en su última licitación pública, no se presentará nadie importante a invertir en nuestro país.
¿Cuáles son aquellas políticas de sostenibilidad que los líderes no saben aplicar?
La política de sostenibilidad es una sola en cada empresa. No muchas empresas la tienen. Confunden RSC con Sostenibilidad. A partir de aquí nacen sus respectivos protocolos de actuación, procedimientos y estrategias de intervención.
Lo que no se debe dejar de ver son los asuntos vinculados con el clima, los aspectos energéticos, el impacto económico de los proyectos de inversión social y la gestión de los residuos, por ejemplo.
¿Cuánto ha avanzado el Perú en esos temas?
En nuestros países no hay una reflexión profunda sobre ello porque incluso la propia academia y la gran universidad y escuelas de postgrado no tienen independencia para cuestionar al gran sector corporativo. Desde la gran banca hasta las grandes mineras y empresas industriales manejan las agendas de investigación con subvenciones y consultorías. Tienen una visión de cortísimo plazo. Solo anual. Todo ello, sin darse cuenta, juega en su contra.
Al no haber un cuestionamiento profundo se sigue haciendo lo que vemos: nada de impacto. Entonces, las empresas al no generar impacto real con sus inversiones sociales pierden legitimidad y oportunidades de crecimiento.
Mira nada más los miles de millones de dólares que se ha invertido muy mal en temas sociales en nuestra sierra y selva peruana, los últimos 20 años y analiza la actual situación socioeconómica de estas comunidades. Están igual o peor que antes. Eso no es negocio para nadie. Pero si siguen haciendo lo mismo estaremos cada vez peor. Las crisis sociales y políticas están correlacionadas a esto.
Qué más ha encontrado como parte de su investigación?
He encontrado que lo que se viene es irreversible. Por ejemplo, aquellas acciones que las empresas hasta ahora las consideran voluntarias, ya no lo serán dentro de muy poco. Las nuevas directivas del CSRD y el SFDR y la futura CSDDD harán obligatorias algunas acciones que ahora son parte de las estrategias de RSC de las empresas.
Otro hallazgo es el cuestionamiento a los actuales criterios ESG y su real impacto. Las nuevas regulaciones están empujando a las grandes administradoras de fondos y gestoras de activos a revisar el alcance de estos criterios y ponerle más rigor en sus inversiones.
Ello redundará en las políticas de sostenibilidad de las grandes empresas, en especial mineras, petrolera y aquellas que impactan seriamente al clima y la biodiversidad. También he encontrado que se viene una nueva generación de regulaciones orientadas a la lucha contra la pobreza por parte del sector privado. Se les va a regular aún más.
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