La responsabilidad económica y las decisiones políticas de la casi inminente cancelación del Mobile World Congress 2020, están íntimamente ligadas. Al parecer habría un asunto gubernamental que podría ayudar a los organizadores a escapar de esta responsabilidad económica. La Fuerza Mayor salvaría, entonces, las responsabilidades económicas de los organizadores del evento.
El Mobile World Congress de Barcelona, la mayor feria tecnológica del mundo, se encuentra en un momento crítico. Este viernes 14 de febrero, la GSMA, la patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones y organizadora del congreso, reunirá a su consejo -de forma telemática, por medio de videoconferencia, sin que los consejeros se tengan que desplazar- para determinar si cancela la edición de 2020, prevista del 24 al 27 de este mes, como adelantó EXPANSIÓN ayer en su versión digital.
La reunión del consejo de la GSMA, formado por 26 miembros -todos directivos o exdirectivos de grandes operadoras de telecomunicaciones, incluyendo al español Julio Linares, en representación de Telefónica- analizará la oleada de cancelaciones de grandes empresas preocupadas por la posibilidad de un contagio de la epidemia de neumonía por el coronavirus chino de Wuhan.
Al goteo de empresas que en los últimos días han decidido cancelar su presencia se han sumado Rakuten, Intel, Cisco, Facebook, AT&T, Sprint y la española Telnet, que se unen a las anteriores, como LG, Ericsson, Sony, Amazon o NTT, para sumar ya más de una veintena. Es destacable que las telecos americanas AT&T y Sprint y la japonesa NTT son todas miembros del consejo de la GSMA.
Peor pronóstico
A esta lista creciente de bajas empresariales, se une el empeoramiento del pronóstico por parte de la Organización Mundial de la Salud, cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó el tono de alarma y señaló la epidemía del coronavirus como como «una amenaza muy grave» para el mundo, el «enemigo público número uno» y un peligro «mayor que cualquier ataque terrorista».
También ha causado mayor inquietud el informe de investigadores chinos que señalan que el periodo de incubación de la neumonía puede llegar a ser de 24 días en vez de 14, lo que restaría efecto práctico a algunas de las medidas de seguridad impuestas por la GSMA ante la presión de las marcas como la obligación de que los visitantes que hayan estado o procedan de China deben haberla abandonado al menos 14 días antes de acudir el congreso.
A lo largo de los últimos días, las grandes operadoras de telecomunicaciones mundiales han mantenido contactos multilaterales para analizar la situación, presionando a la GSMA para que decida suspender o retrasar el evento.
Lo económico y lo político
Uno de los aspectos que quedan por aclarar es la responsabilidad económica de una potencial suspensión del congreso, que está regulada por un complejo contrato que vincula a la GSMA y a las administraciones españolas. Hasta este momento, la responsabilidad de decidir si el congreso se celebra o no recae íntegramente en la GSMA, la organización sectorial de las operadoras de telecomunicaciones y otras empresas tecnológicas que ideó el Mobile World Congress (MWC).
Solo si el Gobierno tomara decisiones más drásticas, si considerase que la celebración del MWC supusiese un peligro real para la población española, podría cambiar la atribución de responsabilidades. Ayer, Reuters destacó está cuestión señalando que «en el caso de una cancelación completa del evento, la responsabilidad financiera de los organizadores puede depender de si el Gobierno español cambia su advertencia sobre el coronavirus», lo que abre la puerta a considerar la posibilidad de que en el caso de que se suspenda por parte de la GSMA ésta tenga que devolver el dinero que pagaron las marcas por reservar los stands en los pabellones, -que se paga con un año de antelación-, pero si es el Estado el que la suspende, la organizadora podría escapar de esta obligación.
Las próximas horas tendremos el resultado final de este proceso que no augura buenos resultados para los organizadores, ni para Barcelona, Cataluyna ni para España.
Editado sobre la base de una publicación en Expansión
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