Qué es y qué no es una inversión sostenible

La industria europea de gestión de activos ya se ha puesto manos a la obra para adaptarse a la normativa que establece qué es inversión sostenible y qué no

Nuevos pasos en la inversión sostenible. El pasado miércoles entró en vigor la primera fase del reglamento europeo que llega para tratar de resolver la gran incógnita de este tipo de activo: qué es sostenible y que no y hasta qué punto es sostenible aquello que se etiqueta como tal. Las normativas de divulgación de las finanzas sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés) se publicaron en el equivalente al BOE de la Unión Europea el 9 de diciembre de 2019. Y desde el pasado miércoles, gestoras de activos, fondos de pensiones, aseguradoras o asesores de inversión en la Unión Europea estarán obligados a informar de cómo evalúan la sostenibilidad medioambiental y social de sus productos y a justificar sus estrategias ecológicas. El siguiente paso en la exigencia de transparencia sobre inversiones sostenibles llegará ya en 2022.

Esta normativa europea introduce una definición de qué es una inversión sostenible, de modo que haya unos criterios homogéneos para toda la industria. A efectos del reglamento, son las inversiones que contribuyan a un objetivo medioambiental, medido, por ejemplo, a través de indicadores clave de eficiencia de recursos relativos al uso de la energía, de la energía renovable, consumo de materias primas, agua y suelo, producción de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero e impacto sobre la biodiversidad y la economía circular. Por otro lado, también entran las inversiones en una actividad económica que contribuyan a un objetivo social y, en particular, todo aquello que contribuya a luchar contra la desigualdad, así como toda inversión que refuerce la cohesión social, la integración social y las relaciones laborales. Como requisito siempre presente, las empresas que reciban el dinero de los inversores deben seguir prácticas de buen gobierno. “Han surgido reglas más claras y cohesivas, pero hay que hacer más para que las informaciones de los emisores corporativos apoyen la labor de los gestores y los inversores puedan entender lo que está pasando”, señalan desde Morningstar.

Advertencia de las autoridades

Hace dos semanas, Iosco, la organización internacional que agrupa a los supervisores de los mercados, lanzó una alerta en referencia a la inversión sostenible (ESG, por sus siglas en inglés). La organización advirtió de la “urgente necesidad” de establecer unos criterios comunes sobre la información que las empresas deben emitir en relación a este campo. Según el comunicado de Iosco, hoy en día las compañías dan datos sobre inversión ESG de forma “selectiva”, siguiendo cada una criterios diferentes. Kay Hope, ESG global fixed income de Bank of America, explica los efectos negativos de la falta de estandarización. “Debido a la falta de criterio común, se están pidiendo muchos tipos de información y datos a los emisores y no termina de quedar claro cómo de útiles son algunos de esos datos para la contraparte. A la par, los inversores tratan de averiguar qué información necesitan y no está del todo claro si los emisores les dan esos datos que buscan realmente”.

Pese a la llamada de atención de Iosco y al tono de urgencia de la misma, Ladislas Smia, head of research de Mirova, gestora del grupo Natixis IM especializada en inversión sostenible, no se muestra excesivamente optimista sobre qué cabe esperar en el futuro cercano. “Pienso que sería una iniciativa genial, pero me temo que no va a llegar pronto. Incluso si la Unión Europea es capaz de fijar estándares en la información que dan las empresas, llevará más tiempo llegar a un acuerdo global”.

La falta de criterio común a nivel global referida por Iosco no solo tiene sus efectos de generar confusión en empresas e inversores, sino que, según Panos Seretis, head of european ESG research de Bank of America, la origina también en ese punto clave de definir qué es y qué no es sostenible. “Lo que un inversor puede catalogar como verde, para otro puede ser clasificado como una inversión marrón (una inversión tradicional) en función de los datos consultados”.

¿Qué es o qué no es sostenible?

El efecto de atracción que genera la etiqueta de sostenibilidad en un activo financiero existe. Ahora, la pregunta es quién da la etiqueta de sostenible y qué criterios se siguen para otorgarla. En la renta variable, cada gestor de fondos de inversión sigue su propio criterio a la hora de aproximarse a la ESG. En la deuda, el criterio es más uniforme.

Seretis divide en tres grandes corrientes la forma de entender si una inversión es sostenible o no. Está la corriente de la exclusión, la de la integración de la ESG y la conocida como inversión de impacto. Respecto a la primera, explica que hay inversores que toman sus decisiones de inversión basadas en exclusiones. “Esto es no querer tener dentro del universo inversor sectores o compañías que no se alinean con los principios de ese inversor. Por ejemplo, descartar compañías que fabriquen armas”.

En la segunda corriente, el criterio es más flexible y permite invertir en un rango más amplio de empresas. “Los inversores usan datos y ratings ESG, y basándose en estos criterios, identifican compañías que son líderes en su sector o que por el contrario están más rezagadas”. En la tercera corriente, los inversores identifican empresas, ya sea en las Bolsas o en los mercados de renta fija, que se alinean con los 17 objetivos de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, con el objetivo número 13 de acción climática. “No hay una definición estándar de qué es inversión responsable y qué no lo es, depende de los objetivos de los inversores”.

Si bien este es el caso en la renta variable, Hope cuenta que en la renta fija no es así exactamente. “La forma en la que se decide si una emisión de deuda es social, verde o tradicional se está estandarizando, especialmente, en Europa. Los inversores quieren acudir a esas emisiones que son específicamente etiquetadas como verdes o sociales o sostenibles, y para ello se fijan en si se cumple con las recomendaciones elaboradas por ICMA, la asociación internacional de los mercados de capitales”. La experta detalla que las recomendaciones son cuatro. La primera es que todos los bonos sociales, verdes o sostenibles se usan para proyectos elegibles sociales o verdes. La segunda es que la compañía tenga procesos para la elección y evaluación de proyectos. La tercera, que el emisor tenga un sistema de dirección a la hora de gestionar estos ingresos. “La empresa ha de ser capaz de dar cuenta del gasto que va haciendo”. Y la cuarta, que la compañía debe poder decir el impacto que ha tenido ese gasto. “Las propuestas de ICMA son solo recomendaciones. Lo que vemos por parte de los inversores, especialmente en Europa, es que si una empresa no se compromete a cumplir con esos consejos de ICMA, los inversores no considerarán esa emisión de bonos como una particularmente verde, social o sostenible. Es un requisito que funciona de facto”.

‘Greenwashing’

Bebiendo de esa cierta indefinición que mencionaba Seretis que con frecuencia rodea a la sostenibilidad, Carla Bergareche, directora general de Schroders para España y Portugal, apunta que el término “sostenibilidad” se utiliza a menudo en exceso en el lenguaje de la inversión y se ha convertido en un “cajón de sastre” para una serie de enfoques diferentes. “Los inversores deben tener cuidado de evitar el conocido como lavado verde, que consiste en comunicar falsamente los beneficios medioambientales de un producto, servicio u organización para que una empresa parezca más respetuosa con el medioambiente de lo que realmente es”.

Aunque admite que existe ese tipo de marketing de exagerar lo concienciada que está una compañía, Smia afirma que hasta eso tiene su parte positiva. “Prefiero que se hable mucho de sostenibilidad, incluso si es por culpa del greenwashing, porque ese es el primer paso para llevar la ESG al debate global. Es una manera de activar el cambio”.

Y es que el primer paso es fundamental. Y en ello está de acuerdo Hope. Incluso cuando la etiqueta de sostenibilidad es autoatribuida por las empresas, se produce lo que ella llama “efecto de bola de nieve”. Los inversores empiezan a fijarse en si es cierta esa afirmación de ser sostenible o no y los competidores se ven impulsados a ser más sostenibles que el resto de compañías.

Sostenibilidad y flujo de dinero

A medida que crece el interés de los inversores por la ESG, el flujo de dinero crece. El año pasado, según datos que aporta Bergareche citando a Bloomberg, la emisión de bonos sociales se multiplicó por siete. Las previsiones que maneja Bank of America para este año en los bonos verdes, sociales y sostenibles calculan la emisión de 650.000 millones de dólares (564.000 millones de euros) por parte de empresas y Gobiernos. Hope desvela que solo en enero y febrero ya se han emitido 100.000 millones de dólares.

Es de esperar que aquellas regiones con más conciencia de sostenibilidad se lleven una mayor parte de este dinero. Según los expertos, Europa es la región más avanzada en lo que a emisión de información sobre sostenibilidad se refiere, mientras que Estados Unidos gana con rapidez enteros en el campo de la innovación sostenible.

Seretis considera que, si bien la estandarización trae claros beneficios, uno de los riesgos que se corre es el de hacerla sin tener en cuenta las características de cada región. El experto incide en que la definición de sostenibilidad no es la misma en Europa que en otras partes del mundo. “En los mercados emergentes donde hay un crecimiento demográfico y económico distinto, a la fuerza las energías fósiles seguirán representando una gran parte de su mix energético. Esto no les hace menos sostenibles. Hay que tener una perspectiva regional. Pensar que cada país está en diferentes puntos de la trayectoria hacia la sostenibilidad. Lo que debe ser común en el camino a la sostenibilidad es compartir el objetivo y la visión. Cuando se tiene una visión y un objetivo de reducir las emisiones como, por ejemplo, pasó con el Acuerdo de París, por mucho que cada país o empresa parta de puntos diferentes, que vayan a un menor o a un mayor ritmo, el final es el mismo”. Pero pese a que el objetivo sea idéntico, los inversores en Europa sí podrán empezar a discernir con más claridad el grado real de sostenibilidad de las empresas en las que invierten, más allá de las declaraciones de intenciones.

PETROLERAS Y BITCÓIN

• Petróleo ¿verde? Uno de los puntos de debate es qué ocurre con aquellos sectores más tradicionalmente contaminantes cuando apuestan por una buena política ESG. “Hay dos asuntos que destacar aquí. El punto clave es qué definimos como sostenible. No hay que olvidar que hay tres pilares cuando hablamos de ESG. El medioambiental, el social y la gobernanza. En el ejemplo específico de una compañía petrolera, si se mira desde la perspectiva de la nueva taxonomía de la Unión Europea, el sector no es elegible. No obstante, desde la perspectiva inversora sí que hay consideraciones ESG en el sector y los inversores tratarán de identificar qué empresas lo hacen mejor y cuáles peor”, comenta Seretis. Laura Natumi McTavish, analista de la gestora nórdica DNB AM, observa que excluir por completo a este sector dejaría fuera de la transición verde a empresas “críticas” para lograrla. “Al desinvertir, perdemos nuestro poder de influir en las empresas en una dirección positiva”, asevera.
• Bitcóin. La gestora Axa Investment Managers advierte que la minería de bitcóin genera un enorme consumo de electricidad que es incompatible con los requerimientos de la inversión responsable. “En la cuestión medioambiental, bitcóin es cualquier cosa menos verde. La intensidad de carbono de la minería de bitcóin y, por tanto, su efecto sobre el medio ambiente, es como mínimo significativa. Varios estudios han cuestionado la sostenibilidad de estas prácticas. Actualmente, se crean unos 900 bitcóins nuevos cada 24 horas. Como se acuñan mediante ordenadores, se requiere una enorme cantidad de energía. Según una investigación de la Universidad de Cambridge, bitcóin consume más electricidad al año que toda Argentina”.

Por: Fernando Belinchón, Cinco días- El País