Por: Cristina Costa Salavedra
Actualmente, la escasez de agua es un problema habitual en muchas regiones y países en todo el mundo que afecta, de acuerdo con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), al 30% de la población mundial. Por esta razón, el derecho a agua potable y saneamiento, se ha convertido en el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y, consecuentemente, no es de extrañar que los gobiernos estén priorizando abordar este asunto. Sin embargo, muchos gobernantes están adoptando “soluciones técnicas”, como podría ser la desalinización o el tratamiento de aguas residuales, para generar agua potable para la agricultura y el consumo doméstico en lugar de intentar tratar el problema desde su raíz.
Desde mi perspectiva, el acceso a agua potable, debería establecerse como un derecho humano más y debería estar asegurado para toda la población mundial. No obstante, conseguir este objetivo es un desafío colosal por el rápido crecimiento demográfico en zonas áridas del planeta, como África y Oriente Medio. Si bien la falta de agua también se experimenta en zonas desarrolladas, como las regiones del Mediterráneo, del sur de Estados Unidos o en Australia, las sequias en esta región no son comparables con el largo período seco que llevan sufriendo las regiones de Oriente Medio y África.
En primer lugar, en estas zonas con graves problemas de acceso a agua potable, cambiar la situación depende directamente de la voluntad de los gobiernos, que o no aplican medida alguna, o tienen tendencia a dirigir las políticas a la oferta de agua, dando poca o nula importancia a la demanda de este recurso. Esto se debe al incremento del nivel de vida que cada vez es más demandante de este recurso natural gracias al desarrollo de actividades y sectores altamente consumidores de agua, como la agricultura o algunas actividades industriales. Los gobiernos quieren evitar a la confrontación con estos sectores clave, por lo tanto centran sus esfuerzos en aumentar la cantidad de agua disponible en la zona.
En segundo lugar, el agua es un recurso de alto interés para el conjunto de la población, desde los gobiernos, a entidades privadas, pasando por ONGs. El interés por este recurso es similar al que se tiene por la energía, el medioambiente, el alimento o la salud, por su relevancia para el ser humano, pero también por el hecho de estar todos interconectados. Es por eso que, la escasez de agua no se considera como un problema independiente a resolver, sino que va de la mano de la emergencia climática y de las políticas de salud y bienestar de la sociedad.
Para solucionar este problema de escasez, cada vez más los gobiernos tienden a construir plantas desalinizadoras. La ventaja más relevante que presentan, es la gran capacidad de producción de agua potable en poco tiempo. Esto es muy atractivo para los gobiernos que quieren cubrir la desenfrenada demanda de este recurso, ya sea para uso doméstico o productivo. De hecho, incluso se ha probado que el agua desalinizada es mejor para ciertos procesos industriales. No obstante, la producción de más de 53 Millones de metros cúbicos diarios en las 14.000 plantas desalinizadoras globalmente tiene un coste enorme.
Uno de los costes más elevados derivados de esta tecnología es el impacto medioambiental. No importa el tipo de desalinización que se lleve a cabo, de membrana o por evaporación, todos generan grandes cantidades de salmuera (agua altamente salada) como producto derivado del proceso. Por el momento, no hay aplicación conocida para conseguir reciclar este producto, por lo tanto, generalmente se tira al mar, incrementando masivamente la concentración de sal de la región y matando la mayoría de las especies en ella. En algunas zonas, se entierra bajo tierra, generando un problema similar ya que contamina el suelo y/o aumenta la salinidad de los acuíferos. Otro de los impactos medioambientales de este proceso es el bombeo de agua (desde el mar o desde acuíferos) hasta la planta desalinizadora. Si bien se han hecho importantes mejoras en esta etapa, la mortalidad de especies derivadas de este proceso es todavía muy elevado. Por si esto no fuera suficiente, se debe considerar también la contaminación derivada del uso de químicos en todas las etapas del proceso de desalinización. En la mayoría de casos, estos productos químicos acaban en el mar, los acuíferos o en el suelo, desequilibrando todavía más los ecosistemas ya frágiles que nos rodean. No se puede obviar tampoco, que esta tecnología requiere mucha energía para funcionar, si bien ha habido importantes avances y mejoras en este sentido, sobre todo en lo referente a tecnologías de membrana, la desalinización sigue siendo más dependiente de energía que otras medidas como el tratamiento de aguas residuales o métodos de prevención y conservación de agua. No es de extrañar pues, que la mayoría de las plantas desalinizadoras se construyan en países ricos en recursos fósiles y junto a instalaciones de generación de energía, con el objetivo de llegar a sinergias. Viendo esta tendencia, la desalinización de agua será una solución accesible sólo para países ricos en combustibles fósiles, a menos que la producción a través de energías renovables sea competitiva.
Otro impacto que genera la desalinización es el socioeconómico. En la mayoría de países que usan esta tecnología, el agua es más cara que la proveniente de fuentes tradicionales. El incremento de precio de un bien básico, además de mercantilizarlo aún más, intensifica las desigualdades socioeconómicas de la región. Es decir, solamente los habitantes más ricos de la región podrán permitirse abastecerse de agua potable de calidad dejando atrás muchas familias pobres que sólo pueden permitirse agua de mala calidad con los riesgos de salud que pueden derivarse de esta práctica. Con el tiempo, se ha observado una creciente tendencia a tratar el agua como una mercancía, cuando tradicionalmente era un recurso esencial comunalmente usado y gestionado. Conceptos como el de “agua virtual”, que implica la compra de agua a través de la importación de comida y otros productos altamente dependientes de este recurso y el desarrollo de tecnologías para “crear” agua potable en grandes cantidades, son claramente consecuencias de modelo económico actual que intenta resolver todos los problemas de nuestra sociedad a través del mercado. Tal y como he mencionado al principio de este artículo, este recurso natural debería ser un derecho para todos los seres humanos. Sin embargo a menos que se subvencione o se garantice una red de seguridad para hacer llegar este bien a toda la población, la desalinización seguirá siendo un instrumento para mercantilizar el agua y tratarlo como cualquier otro bien en el mercado que segrega por poder adquisitivo.
Es un hecho que la escasez de agua es un problema global, pero, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), a nivel global, el 34% del agua se pierde antes de que llegue al consumidor final. Aquí no se diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo, por ejemplo Canadá tiene un porcentaje de perdida de agua de alrededor del 50%. En este contexto, se estima que, en los primeros, el 60% del agua perdida se podría recuperar solo actualizando y cambiando tuberías viejas. Esta medida, acompañada de una mejora del tratamiento de aguas residuales para la agricultura y la industria, así como mecanismos para captar el agua de la lluvia o preservar acuíferos, mejorarían altamente la gestión de este recurso natural y, además de evitar el desperdicio de agua y energía, reducirían la necesidad de aumentar la oferta de agua disponible. Desafortunadamente, estas soluciones no están en la agenda de la mayoría de gobiernos del mundo por falta de voluntad. La desalinización normalmente va de la mano de los intereses económicos de diferentes actores, como instituciones financieras o grandes eléctricas, así como de los gobiernos mismos.
Como hemos visto, la desalinización tiene un gran impacto negativo tanto para nuestra sociedad como para el planeta. Por lo tanto, creo que la implementación de esta tecnología debería usarse como último recurso en casos severos de escasez de agua, siempre bajo estrictos controles medioambientales y socioeconómicos, con un marco legal que proteja la sociedad en todos los aspectos. Es por eso, que bajo mi criterio, las propuestas de plantas desalinizadoras deberían incluir todos los costes que esta tecnología implica, tanto en términos medioambientales como sociales. Al hacer este paso, otras medidas más simples, como la mejora de las cañerías, la captación de agua de lluvia o el tratamiento de aguas residuales, van a ser políticas mucho más atractivas en términos económicos, sociales y medioambientales.
El agua, es esencial para todos los seres vivos, por lo tanto protegerla y conservarla va a asegurar que la vida, tal y como la conocemos actualmente, será preservada.
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