Traducción de artículo publicado en Reuters
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos comenzará a recibir solicitudes en julio de empresas que quieran explotar el fondo del océano, una decisión que se tomó después de que el organismo de la ONU pasara las últimas dos semanas debatiendo los estándares para la nueva y controvertida práctica.
La minería en aguas profundas extraería cobalto, cobre, níquel y manganeso, materiales clave para las baterías, de rocas del tamaño de una patata llamadas «nódulos polimetálicos» en el fondo del océano a profundidades de 4 a 6 km (2,5 a 4 millas). Son abundantes en la Zona Clarion-Clipperton (CCZ) en el Océano Pacífico Norte entre Hawai y México.
El consejo de gobierno de la ISA formuló un borrador de decisión el jueves pasado después de reunirse en Jamaica que permite a las empresas presentar solicitudes de permisos a partir del 9 de julio, una fecha límite establecida por las acciones que tomó la nación insular de Nauru en 2021, según una copia vista por Reuters.
El personal de la ISA tendría entonces tres días hábiles para informar al consejo. El consejo planea reunirse virtualmente antes de julio para debatir más si la aprobación de tales solicitudes podría retrasarse una vez recibidas, según el documento.
«Este resultado profundamente irresponsable es una oportunidad desperdiciada para enviar una señal clara… de que la era de la destrucción de los océanos ha terminado», dijo Louisa Casson de Greenpeace, que se opone a la práctica debido en parte a la preocupación de que podría dañar a las ballenas y otros animales salvajes.
The Metals Co (TMC.O), que tiene un acuerdo para suministrar metales a Glencore Plc (GLEN.L), es una de las voces más destacadas que defienden la práctica. Sus ejecutivos han dicho repetidamente que creen que la minería en aguas profundas tendría menos impacto que la minería tradicional de metales para baterías en tierra.
China es líder en exploración minera en aguas profundas, pero Chile, Francia, Palau y Fiji, entre otras naciones, han pedido una moratoria global sobre la práctica, citando preocupaciones ambientales y la falta de datos científicos suficientes.
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