El malestar por la política del Gobierno francés de aumentar la fiscalidad de los carburantes, que va a traducirse en una jornada de protestas el próximo día 17, tiene un apoyo masivo en la opinión pública que inquieta cada vez más a la mayoría del presidente, Emmanuel Macron.
Un 76 % de los franceses juzgan negativamente ese incremento de los impuestos porque consideran que la prioridad debe ser aumentar el poder adquisitivo, aunque sea a costa de mantener la dependencia del petróleo, en una encuesta publicada hoy por «Le Figaro» y «France Info».
Para un 80 % de los interrogados por el instituto demoscópico Odoxa-Dentsu Consulting, el alza de esas tasas tendrá un impacto bastante o muy elevado sobre su poder adquisitivo personal.
Por eso un 78 % dicen que están a favor del movimiento para bloquear las carreteras el próximo 17 de noviembre, lanzado por grupos de automovilistas a través de las redes sociales, que ha recibido un fuerte respaldo en la red con visibles gestos de movilización, como poner a la vista el chaleco fluorescente en el coche.
Los partidos de oposición se han mostrado más o menos abiertamente en favor de esa jornada de protestas, empezando por el ultraderechista Agrupación Nacional (RN, antiguo Frente Nacional).
El Ejecutivo de Macron se ha comprometido a subir la fiscalidad de los carburantes todos los años hasta 2022 y empezó a hacerlo en 2018, con el argumento de que hay que disminuir la dependencia del país al petróleo y favorecer la transición a energías limpias.
En paralelo, progresivamente en ese periodo se va a equiparar la carga impositiva del gasóleo (hasta ahora inferior) y de la gasolina, y así desde enero está programado un incremento de 6 céntimos de euro por litro para el primero y de tres céntimos para la segunda.
El problema es que en los últimos meses el barril del crudo se ha disparado, de forma que para el automovilista francés el precio del gasóleo ha aumentado un 23 % desde comienzos de año y el de la gasolina un 15 %.
En la actualidad un litro de diésel cuesta 1,52 euros de media en Francia, 12 céntimos más que hace seis meses, de los cuales dos se deben al aumento de la fiscalidad y el resto al de la materia prima.
Pese al descontento popular, el Gobierno hasta ahora ha insistido en defender el alza de los impuestos. El primer ministro, Édouard Philippe, lo justificó esta semana ante la Asamblea Nacional en nombre de la lucha contra el cambio climático.
«Un día, pronto, nuestros hijos vendrán a vernos para preguntarnos qué hemos hecho (contra el calentamiento global). Yo diré que he asumido decisiones difíciles», argumentó.
Para intentar afrontar el malestar, los ministerios de Economía y Transición Ecológica preparan de aquí a finales de noviembre, junto a los fabricantes de coches, una ampliación del dispositivo de la prima (1.000 o 2.000 euros, según las condiciones de renta) para los que sustituyan su viejo coche diésel o de gasolina por un eléctrico o híbrido.
La idea es, con la contribución del sector, prolongar en el tiempo la prima que ha tenido mucho más éxito del que se esperaba (se auguran más de 250.000 beneficiarios en 2018, cuando se había diseñado para 500.000 en cinco años) y extenderla a coches con motores térmicos muy eficientes y de segunda mano.
No responses yet