Por Ramón Muñoz
El Gobierno aprobó ayer un nuevo paquete de apoyos al sector del transporte que incluye medidas por un importe de casi 1.800 millones de euros. En el ámbito administrativo, el Ejecutivo dio luz verde a una prórroga de tres meses para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los automóviles a los que les caduque entre el 21 de junio y el 31 de agosto. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, admitió que las aerolíneas están entre las «claras» candidatas a recibir apoyo del fondo de 10.000 millones creado para apoyar a empresas estratégicas.
De las ayudas al transporte, 1.000 millones se destinarán a aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe para compensar la caída de la demanda ferroviaria por el coronavirus; 663 millones irán a parar a las empresas de transporte privado y 110 millones la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitsa) para atender sus compromisos de obra pública. Estas ayudas son complementarias a las que ya se habían aprobado, particularmente los 800 millones de euros destinados al transporte público en las comunidades autónomas.
El decreto aprobado ayer está articulado en torno a tres ejes: la protección de la salud de los trabajadores y pasajeros, proporcionar liquidez a las empresas del sector y reducir las cargas administrativas, simplificando trámites, según explicó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
En el sector aéreo, se fijan como obligatorias las recomendaciones en materia de seguridad impulsadas por los organismos comunitarios, con lo que España, «da un paso más allá» que el de sus socios de la Unión Europea. Ábalos admitió que las aerolíneas serán destinatarias de las ayudas del fondo para apoyar la solvencia de empresas estratégicas, aunque aclaró que «no hará nada» sin un requerimiento previo de las compañías.
Respecto al transporte marítimo, el texto refuerza la reducción de tasas portuarias y de la tasa de ocupación, con una deducción de 60 millones de euros. En el transporte por carretera, el real decreto regula el aplazamiento de los pagos del principal de las cuotas de préstamos en leasing y renting, alargándolo a todos los préstamos destinados a la adquisición de autobuses y camiones por autónomos o empresas del transporte discrecional de viajeros.
También podrán acudir a esta vía las empresas de transporte de mercancías «cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o una facturación inferior al 40%». Estas medidas implican un coste de 250 millones para el transporte discrecional de viajeros y unos 330 millones en el caso del de mercancías, según los cálculos del Ministerio. Pese a ello, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) mantiene el paro patronal convocado para los días 27 y 28 de julio por considerar insuficientes las medidas.
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó una prórroga de tres meses para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los vehículos a los que el certificado de la anterior inspección les caduque entre el 21 de junio y el 31 de agosto. Esta decisión se suma a la ampliación de la validez del certificado de ITV aprobada el pasado mes de mayo para los vehículos cuya fecha de próxima inspección se encontrara comprendida durante el estado de alarma. Aquella ampliación fue de 15 días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio de la alarma hasta que se hubiera producido el vencimiento. No obstante, la validez hasta la próxima revisión no tendrá en cuenta la fecha en que realmente se pase la ITV sino la que le correspondería en caso de que no hubiera habido estado de alarma. De esta forma, muchos vehículos, como a los que les corresponde revisión anual, deberán volver a pasar la ITV tan solo unos meses después de hacerlo en este ejercicio.
Desde la derecha, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el vicepresidente Pablo Iglesias, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ayer en la Moncloa.
Artículo publicado en El País
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