DW- En la frontera mexicano-estadounidense no solo hay migrantes centroamericanos aspirando a continuar su viaje hacia el norte, sino también una cantidad creciente de refugiados africanos que han pagado cara su odisea.
Families Belong Together (Las Familias Deben Permanecer Unidas) es una red de asociaciones civiles, defensores de derechos humanos, celebridades y ciudadanos estadounidenses de a pie, tejida con el propósito de orquestar manifestaciones masivas en todos los estados del gigante norteamericano contra la política migratoria del Gobierno de Donald Turmp; específicamente, contra la práctica sistemática de separar a las familias de inmigrantes, cuyo fin es desalentar la entrada de centroamericanos indocumentados a su territorio.
Pero la activista Soraya Vásquez, quien trabaja para Families Belong Together, ha notado que hay cada vez más africanos concentrándose en la frontera norte de México con la esperanza de continuar su viaje o bien hacia Estados Unidos o bien hacia Canadá. Ella asegura que, en Tijuana, alrededor de dos mil refugiados de Camerún, Eritrea, Etiopía, Ghana y Somalia se han anotado en listas de espera extraoficiales para solicitar asilo ante las autoridades migratorias estadounidenses. Según Vásquez, la situación de los africanos es muy vulnerable.
Las listas de espera en cuestión son elaboradas por los propios migrantes centroamericanos y circulan rumores de que se hacen trampas con ellas cuando son llevadas al puesto de control fronterizo mexicano. «Los africanos no hablan español ni conocen las costumbres de la región”, explica Vásquez, en entrevista con DW. De ahí la tensión que agobia a Samuel, un contador de 42 años que abandonó Camerún tras escapar de las mazmorras y los secuaces del dictador Paul Biya, quien lleva las riendas de esa república centroafricana desde 1982.
Huida sin retorno
Samuel trabajaba en un banco. Eso le permitió hacer cursos de especialización en Corea del Sur y traer, de regreso a casa, muchas ideas para impulsar el desarrollo de su ciudad. Pero este profesional también era activo políticamente: en 2016, participó en las protestas contra Biya de la minoría camerunesa de habla inglesa y, gracias a sus contactos en el extranjero, pudo ofrecerles alimentos, medicinas y ropa a los desplazados internos de su país. El 5 de enero de 2019, Samuel fue detenido por militares leales a Biya.
Uno de los oficiales a cargo de vigilarlo resultó ser un excompañero de clases; su familia reunió 1.000 dólares estadounidenses y se los dio al uniformado para que dejara huir a Samuel. «La mía ha sido una odisea”, cuenta por teléfono, pidiendo que su apellido no sea revelado por motivos de seguridad; después de todo, su familia permanece en Camerún. Samuel se dirigió hacia el noroeste y cruzó la frontera hacia Nigeria, país que no era menos peligroso para él que su tierra natal; en Nigeria abundan los colaboradores del régimen de Biya.
«En Nigeria desaparecen los críticos de Biya con relativa frecuencia”, acota. Samuel le compró un pasaje de avión a un traficante de personas y consiguió llegar a Ecuador con paradas en Turquía, Panamá, Colombia. En Ecuador, uno de los pocos países que no les exigen visa a los ciudadanos cameruneses, le recomendaron que tomara el autobús de una empresa específica para llegar a Colombia; y es que Samuel no era el primer camerunés en arribar a la nación sudamericana con la aspiración de migrar hacia Norteamérica.
Un largo trayecto
En el bus que abordó había numerosos compatriotas. Y en su travesía de cinco días por la región del Darién, una zona selvática y pantanosa que interrumpe la Carretera Panamericana y constituye una barrera natural entre Colombia y Panamá, conoció a migrantes de otros países africanos y también de Cuba y de Haití que compartían su meta: llegar a Estados Unidos o a Canadá. El viaje de Samuel le ha costado 6.500 dólares estadounidenses. En Colombia y Panamá fue asaltado, primero por ladrones comunes y luego por policías.
Parte de su dinero se esfumó también al pagarle a funcionarios corruptos en todas partes menos en Costa Rica. «Ellos nos acompañaban hasta la taquilla de Western Union para que les diéramos lo que nos enviaban desde África”, narra Samuel. Quienes no tenían dinero se quedaban varados, detenidos en una celda, a veces durante semanas. «Los funcionarios nicaragüenses son los que más dinero piden; allí tuvimos que pagarle 150 dólares estadounidenses a la Policía para que nos dejara seguir nuestro camino”, agrega.
En autobús, a caballo, por barco y a pie. Así arribó Samuel a Tijuana el 31 de mayo de 2019. «Cuando llegué, pensé que lo peor ya había pasado y que el resto sería un juego de niños. Pero ahora estoy perdido en una jungla de papeles y burocracia”, lamenta el camerunés en inglés, con la voz partida y los bolsillos vacíos. Desde su país lo ayudó su familia mientras pudo, pero en Camerún dejó tres niños que cuentan con las remesas de su padre para poder comprar sus uniformes y útiles escolares. Las circunstancias no son nada auspiciosas para él.
Hace tres semanas, Samuel y otros refugiados africanos protestaron en Tijuana. Las autoridades mexicanas prometieron resolver algunos de sus problemas: muchas visas de tránsito están vencidas y sin ese documento en regla no se puede trabajar en México, los pocos alojamientos disponibles ya están abarrotados de mujeres que viajan con niños, y las colas para recibir comida gratuita son kilométricas. Desde la manifestación que realizaron «nada ha cambiado”, sostiene Samuel.
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