La primera víctima fue Laszlo Trocsanyi, el ex ministro de justicia de Hungría. En una votación secreta, el comité de asuntos legales del parlamento, encargado de analizar detenidamente las declaraciones financieras de los nominados antes de que comiencen las audiencias, lo declaró incapaz de ser comisionado. La investigación del comité reveló que un bufete de abogados con su nombre había sido contratado para proporcionar servicios legales a la planta de energía nuclear estatal de Hungría mientras era ministro. Trocsanyi dice que ya no posee acciones de la empresa, y agrega que no había ganado ningún nuevo contrato gubernamental durante su mandato ministerial. Pero los parlamentarios también se abalanzaron sobre el nombramiento de uno de los propietarios de la firma como su asesor personal en el ministerio de justicia.
Rovana Plumb, la candidata de Rumanía para la cartera de transporte, también fue convocada ante el comité después de no declarar dos préstamos por un valor de casi € 1 millón ($ 1,1 millones). Uno de ellos tenía la intención de cubrir una donación a su partido, cuyo ex líder fue encarcelado en mayo por poner a los partidarios del partido en la nómina pública. Su aspiración de convertirse en comisionada de transporte de Europa se desvaneció cuando no pudo explicar cómo pretendía pagar sus deudas. Ella niega rotundamente cualquier fechoría.
Al principio, los líderes de Hungría y Rumania apoyaron a sus candidatos. Viktor Orban dijo que el único pecado de Trocsanyi fue negar el apoyo a las propuestas respaldadas por Bruselas para compartir la responsabilidad de los refugiados. Viorica Dancila culpó a la oposición de Rumania por organizar un asesinato de su personaje. Pero Ursula von der Leyen, la presidenta electa alemana de la nueva comisión, rápidamente exigió que se eligieran nuevos candidatos, una solicitud que ambos primeros ministros han cumplido.
Mientras los dos rechazos provienen de los grupos socialistas y de centroderecha del parlamento, surgieron rumores de que un liberal, preferiblemente de Europa occidental, sería el próximo. En su audiencia del 2 de octubre, los parlamentarios llevaron a la Sra. Goulard a una tarea sobre una investigación en curso sobre el supuesto uso de fondos del Parlamento Europeo para pagar a los empleados del partido. Igualmente de incendiaria fue su papel como asesora remunerada de un grupo de expertos estadounidense.
Junto con los nominados de Polonia y Suecia, se enfrenta a otra ronda de preguntas. Sus partidarios sospechan que está siendo víctima de ser un chivo expiatorio para pagarle a Macron por frustrar la ambición del líder del grupo de centro derecha de dirigir la comisión. El proceso podría volverse aún más sangriento. ■
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