Es probable que el mundo occidental esté entrando en una nueva fase histórica de mayor intervención pública frente al actual modelo de supremacía del mercado
Son múltiples los fenómenos estudiados por las ciencias sociales que responden a dinámicas pendulares, es decir, a la transición de un polo al otro de forma progresiva y simétrica. La historia muestra este tipo de dinámicas pendulares en lo referente a las fuerzas que empujan el desarrollo económico y social de las naciones, que se concretan en la alternancia entre el empuje de las lógicas de mercado y el sector privado frente, o conjuntamente, con el intervencionismo público y la definición política de una serie de objetivos políticos para la esfera económica. Tras casi cinco décadas de preponderancia de las fuerzas de mercado, el sistema capitalista occidental parece estar en una transición hacia un modelo más balanceado, dónde la intervención pública vuelve a tener un peso protagónico.
La primera transición hacia visiones intervencionistas de la economía se inició en los años treinta, tras el crack del 29 y su consecuente Gran Depresión, y tuvo como respuesta el New Deal de Roosvelt, ese paradigmático programa de intervención pública tan mentado estos días. Por distintos motivos, la Segunda Guerra Mundial supuso también un aumento desmedido del gasto público y la intervención de los gobiernos en la economía, en este caso implementando modelos de economía de guerra. Tras la llegada de la paz, y en el marco del choque entre economías capitalistas y comunistas, las naciones occidentales desplegaron algunos de los programas de bienestar social más ambiciosos en la historia de la humanidad, que más tarde se etiquetarían como los Estados del bienestar. Así, estos cincuenta años se caracterizaron por un alto intervencionismo público en la economía y por un abultado gasto público de carácter económico y social.
Sin embargo, esta transición hacia modelos intervencionistas también acumuló múltiples contradicciones a lo largo del proceso: incrementos significativos de los precios, abultados endeudamientos, e insostenibles criterios de asignación de los fondos, así como variados fenómenos de corrupción pública. Como resultado, de forma progresiva se fue construyendo la contrapropuesta liberal en búsqueda de una reducción del peso de lo público y de promoción de la primacía de los mercados y los agentes privados. Las primeras puestas en práctica de esta nueva matriz desarrollista fueron las políticas económicas desplegadas por Reagan en Estados Unidos, los famosos reaganomics, así como la reconversión industrial que aplicó Margaret Thatcher en el Reino Unido. A través de los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, estas propuestas se extendieron a diferentes partes del globo, desde América Latina hasta Asia, y tras la caída del Muro, a las repúblicas exsoviéticas. Asimismo, múltiples países europeos implementaron, en mayor o menor medida, muchas de estas recomendaciones, que para los años noventa ya se habían vuelto hegemónicas en el discurso del desarrollo internacional, alumbrando así la segunda transición, en este caso hacia el modelo neoliberal.
La crisis del coronavirus ha vuelto a cuestionar el modelo occidental de mercado, con unos sistemas de salud extremadamente vulnerables fruto de la austeridad y la terciarización
Lo cierto es que la aplicación de las recetas neoliberales no produjo los beneficios esperados, al menos no para el conjunto de las poblaciones de estos países. Crecimientos económicos estancados, degradación de los sistemas de bienestar y aumentos sostenidos de la desigualdad y la pobreza, mientras, eso sí, los parcos beneficios se concentraban en las esferas más acaudaladas. Inevitablemente, el péndulo estaba oscilando de nuevo hacia el lado del Estado y la intervención pública. Los primeros signos de esto pueden verse en el fulgurante desarrollo industrial de países como Japón, Corea del Sur y Taiwan a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, vemos que el modelo de desarrollo más exitoso es el capitalismo del Estado chino, que le ha proporcionado al país asiático crecimientos económicos sostenidos y abultados y una espectacular transformación de su estructura productiva, lo que la sitúa ya como la primera potencia económica mundial, y por efecto arrastre, al conjunto de la región como la económicamente más dinámica del mundo.
En comparación, las economías occidentales vienen arrastrándose desde la crisis subprime estadounidense, que tuvo su eco en el conjunto de las economías occidentales. El modelo liberal, altamente financiarizado y con un carácter cada vez más especulativo, que ya mostró sus límites en los años ochenta y noventa en países como Argentina, Brasil, México, Rusia o Tailandia, ahora golpeaba al centro capitalista occidental. En la actualidad, la crisis del coronavirus ha vuelto a cuestionar el modelo occidental de mercado, con unos sistemas de salud extremadamente vulnerables fruto de la austeridad y la terciarización.
Además, mientras los países asiáticos han tenido una respuesta rápida y eficaz para atajar la pandemia y ofrecer un desempeño notable tanto en términos sanitarios como económicos; los países occidentales se han caracterizado, salvo excepciones, por su parálisis e incapacidad para desplegar una acción eficaz pública. A todo esto se suma, que los principales problemas derivados del modelo liberal occidental siguen sin resolverse, es más, siguen agravándose. Una continua degradación del medio ambiente y de los efectos del calentamiento global, una economía global digitalizada que sigue sin fiscalizar a los principales conglomerados empresariales emergidos de la cuarta revolución industrial, y unos niveles de empobrecimiento y de concentración de la riqueza que han llegado a tal punto que comienzan a traducirse en fenómenos de peligroso populismo antidemocrático.
Los incuestionables efectos del cambio climático parecen llevar inevitablemente hacia un consenso global para descarbonizar nuestras matrices energéticas y transitar hacia modelos de desarrollo globales más sostenibles
Todo este contexto parece estar empujando el péndulo hacia un nuevo paradigma que vuelve a poner al Estado como eje de un nuevo modelo de desarrollo, en esta ocasión caracterizado por la necesidad de ser más sostenible y equitativo que el anterior. El primer síntoma en este sentido es la masiva presencia de los Bancos Centrales en el ámbito monetario. No obstante, como han señalado ya los propios responsables de los BCs, los efectos de la política monetaria comienzan a tener rendimientos decrecientes y necesitan de un acompañamiento contundente de la política fiscal, especialmente en materia de gasto público. Los masivos programas de gasto e inversión pública anunciados por la Unión Europea y Estados Unidos son un buen ejemplo de ello. Además, estos programas parecen estar orientándose hacia objetivos como la transición energética, la modernización digital de las estructuras productivas, y la promoción de modelos de protección social ampliados, como las rentas mínimas o la atención a mayores dependientes.
En definitiva, un nuevo modelo donde si bien las empresas y agentes privados tendrán un papel destacado, los fondos y la orientación de los emprendimientos serán de carácter público, siguiendo la famosa máxima de “gobernar los mercados”. Finalmente, los incuestionables efectos del cambio climático parecen llevar inevitablemente hacia un consenso global para descarbonizar nuestras matrices energéticas y transitar hacia modelos de desarrollo globales más sostenibles.
No obstante, el camino no está exento de riesgos, y los antiguos pecados de los modelos de intervención pública podrían convertirse de nuevo en su talón de Aquiles. Por tanto, los retos de esta generación se deberían centrar en minimizar las disfunciones de este nuevo modelo en forma de desequilibrios macroeconómicos, ineficiencia en la asignación de los fondos, o fenómenos de corrupción pública, entre otros; al tiempo que se potencian sus impactos en la promoción de estructuras productivas respetuosas con el medio ambiente y sociedades más inclusivas mediante la implantación de nuevos esquemas fiscales que incorporen la tributación justa de los nuevos sectores económicos de la industria digital. En definitiva, tratar de llevar el péndulo a un punto de equilibrio para liberar el potencial de las economías de mercado en un marco de guía y corrección por parte del sector público.
Por: Fernando De la Cruz, https://elpais.com/
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