EFEVerde- La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) se reúne este viernes en Kingston (Jamaica), encuentro en el que se estudiará la minería en el océano en aguas internacionales, una actividad con “graves consecuencias para el medioambiente y el clima”, explica el geólogo marino Sandor Mulsow, quien denuncia “falta de transparencia” en la decisión.
Daños irreversibles
Mulsow, el jefe anterior de la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (International Seabed Authority-ISA), subraya en entrevista con EFE que dar vía libre a la minería en aguas internacionales dejará “áreas arrasadas de más de 3.000 kilómetros cuadrados para la búsqueda de nódulos de manganeso”.
Para que se entienda la magnitud de los daños, explica el geólogo chileno que la mayor mina de cobre en Chile, la de Chiquicamata, “tiene un eje largo de 15 kilómetros y un eje ancho de un kilómetro y de profundidad unos 800 metros, y se puede ver desde un satélite”…
La relevancia de la minería en aguas internacionales está en la riqueza en nódulos polimetálicos que existen y que se descubrieron en el siglo XIX en el fondo del Mar de Kara, en el océano Glacial Ártico; expediciones posteriores detectaron esos recursos en otras aguas marinas, entre ellas en la isla de El Hierro (Canarias) y a mediados del pasado siglo se consideró que los nódulos podrían ser ricos en cobre, manganeso, niquel y cobalto, materiales imprescindibles para el desarrollo tecnológico.
Minería en aguas internacionales
Mulsow alerta de que esta reunión puede ser vital para dar vía libre a la minería en aguas internacionales, es decir fuera de la jurisdicción nacional de 200 millas de cada país, ante la amenaza de la pequeña isla de Nauru -que “haciendo uso de su derecho internacional como firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (United Nations Convention on the Law of the Sea)”-, ha señalado que empezará las prospecciones en dos años.
“De ahí la urgencia de la ISA por desarrollar el Código Minero”, afirma Mulsow, porque “el 25 de junio de 2023, el Estado de la República de Nauru, una pequeña isla situada en el Pacífico central, podría iniciar explotaciones mineras en aguas internacionales con o sin permiso de Naciones Unidas”.
Según el geólogo minero chileno, es uno de los derechos internacionales de los firmantes de la Convención y “Nauru ha hecho uso de ese derecho internacional legal porque es un país en vías de desarrollo, que si no hace minería marina muere”.
Advierte de que aparte del interés de Nauru, “existen grandes intereses de contratistas y empresas mineras en la explotación del fondo marino”, una situación que puede ser irreversible para los ecosistemas en el océano “si no aparece un país solicitando la moratoria marina”. Abrir esa brecha supondrá la destrucción de “especies y vida que aún no se conocen”.
Solicitud de moratoria
Por ello, afirma, ha trabajado durante dos años junto al senador chileno Alfonso de Urresti en la preparación de un proyecto de ley en el Senado de su país para la presentación de la solicitud de moratoria ante Naciones Unidas, documento que fue “aprobado por unanimidad hace un par de semanas”.
En el documento “se solicita al presidente chileno, Sebastián Piñeira, que forme una comisión de tres ministerios: Medio Ambiente, Minería y Asuntos Exteriores para que Chile presente ante Naciones Unidas la petición de moratoria a la minería marina en aguas internacionales”.
En el documento se pide a las tres carteras que fundamenten “la petición de moratoria de la minería en aguas internacionales y, además, una restructuración de la Autoridad Internacional de Fondo Marino por la carencia de transparencia en sus decisiones”, asegura Mulsow, y explica que “son decisiones que se adoptan a puerta cerrada”.
Explica que la Comisión Técnica Legal que se encarga de revisar los reportes de los contratistas o solicitudes de licencia de exploración “sesiona a puerta cerrada”, lo asegura porque “fui miembro de esa comisión”, y reprocha como “una cosa totalmente extraña, donde se están tomando decisiones fundamentales sobre el patrimonio común de la humanidad y las deciden solo un grupo de trece personas”.
En las reuniones a las que asistió de la Comisión Técnica Legal, asegura, “más del 50 % de representantes eran contratistas y actualmente esos contratistas siguen en ese órgano de la ISA y continúan sesionando a puerta cerrada”.
“La mayoría de contratistas son de 19 países y esos países tienen más de 31 concesiones, por lo tanto en alguna parte hay un monopolio”, denuncia, y explica que entre los países están: India, China, Bélgica, Corea, Japón, Francia, Canadá o Alemania, éste último país, con aportaciones de 800.000 dólares anuales a la ISA”.
Concluye que es necesario “concienciar a los ciudadanos”, porque existen “muchas contradicciones como la de las empresas automovilísticas que no quieren utilizar los minerales del fondo marino, pero sí aportan a un gobierno que lo promueve”.
Comments are closed