Artículo publicado en France24
Este viernes, 15 de julio se cumplieron seis meses del vertido de petróleo en la terminal portuaria de Ventanilla, considerada la peor emergencia ecológica registrada en la costa peruana. Tanto el impacto real a nivel medioambiental como el panorama de miles de personas afectadas sigue siendo incierto a esta fecha, por lo que se han vertido numerosas denuncias, tildadas de ineficaces.
«La situación está atascada», señaló el director científico de la organización ambiental Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, respecto al bloqueo que considera que existe al no tener un informe oficial del daño ocasionado por el derrame de petróleo, seis meses después de la catástrofe.
El pasado 15 de enero, unos 11.900 barriles de petróleo cayeron en la costa peruana del Pacífico, a unos 30 kilómetros al norte de Lima, la capital. El derrame ocurrió mientras el buque tanque ‘Mare Doricum’, de bandera italiana, descargaba crudo de la petrolera española Repsol en la refinería La Pampilla, en Ventanilla.
Desde ahí, comenzó un vendaval de culpas y responsabilidades. La compañía Repsol atribuyó el hecho a la agitación del mar por una erupción volcánica en Tonga, al otro lado del Pacífico. Una versión de los hechos que ha sido desmentida desde entonces, especialmente por el reciente informe de la comisión parlamentaria encargada de investigar las causas de la marea negra.
Pero es otro informe el que se espera ahora, como explica Juan Carlos Riveros de Oceana Perú: el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Cuando se producen este tipo de catástrofes ambientales, después de la primera etapa de limpieza viene una etapa de “remediación” de los ecosistemas dañados. Tras esta, una segunda fase, que se puede realizar sólo a partir de un informe detallado sobre el daño en aguas, playas y organismos vivos para conocer el impacto real del accidente.
Una situación bloqueada
«Que a seis meses la situación siga así es criminal», sentenció el especialista de Oceana Perú.
La petrolera española Repsol afirmó, por su parte, continuar «a la espera del informe de evaluación del OEFA», y remarcó que «esto cobra vital importancia, dado que, de este informe, se implementarán -de ser el caso- los planes de rehabilitación, en donde corresponda, y adicionalmente porque repercute en la reactivación de las actividades productivas y de recreación de las zonas afectadas».
Por ese motivo, aún no se ha comenzado a remediar el impacto del derrame, para lo cual se podrán usar técnicas como la aplicación de microorganismos que eliminan la toxicidad de los restos de crudo o disolventes que ayudan a restaurar el orden biológico.
Poblaciones afectadas a largo plazo
La situación sigue siendo muy crítica para las personas que vivían del mar. El derrame de petróleo afectó a más de 700.000 ciudadanos y obligó el cierre de una veintena de playas en medio del verano peruano.
Esto dejó sin ingresos a pescadores, dueños y empleados de restaurantes, gente que alquilaba sombrillas en las playas y quienes vendían comida o gaseosas a los bañistas.
La catástrofe de enero provocó además la contaminación duradera de dos reservas naturales protegidas, matando a miles de animales, entre los que se encontraban especies en peligro de extinción.
Ayudas y multas
Hasta ahora, Repsol dice haber pagado un anticipo de siete millones de dólares en concepto de indemnización en forma de bonos a 5.500 personas afectadas por el desastre, tras firmar un acuerdo en marzo con el Gobierno peruano.
Pero el Estado ha emprendido acciones legales. Una denuncia presentada el 13 de mayo por el organismo gubernamental de defensa de la competencia (Indecopi) exige al grupo una indemnización de 4.500 millones de dólares. La empresa petrolera calificó esta afirmación de «infundada» a mediados de mayo.
En un comunicado de prensa publicado el viernes, 24 de junio, el grupo reaccionó al informe del Congreso peruano «negando categóricamente» sus conclusiones.
El jueves 14 de julio, el OEFA impuso una primera multa en el marco de los cinco procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra la empresa, en este caso por cinco millones de soles (1,2 millones de dólares) por el incumplimiento en la identificación de las zonas afectadas por el derrame.
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