Artículo publicado en EFEVerde
Ecologistas en Acción de Cataluña ha urgido a la Generalitat a actuar contra la contaminación por ozono troposférico y a aprobar Planes de Mejora de Calidad del Aire como exige una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga al Govern a elaborar estos planes.
La entidad ecologista ha valorado hoy en rueda de prensa la sentencia que el TSJC emitió el pasado 12 de diciembre y la ha calificado como «pionera», ya que demuestra «una cierta conciencia climática» por parte de los tribunales de justicia y reconoce «por primera vez el derecho de las futuras generaciones”, según ha destacado el jurista y miembro de Ecologistas en Acción de Cataluña Josep Hurtado.
Según el jurista, la sentencia constituye un nuevo precedente judicial y, obliga, además de a la Generalitat, a los gobiernos de once comunidades más donde se han incumplido los límites, a elaborar planes «eficaces» para reducir el ozono.
Hurtado ha añadido que la sentencia será firme la semana que viene siempre que la Generalitat no presente un recurso de casación, si bien entiende que «sería muy difícil que se lo aceptaran».
A pesar de los argumentos de la administración pública que consideraba el ozono como un contaminante secundario, el TSJC valoró en la sentencia que es «indiferente que sea de carácter primario o secundario», ya que se habían superado los límites permitidos en 12 de las 14 zonas desde el año 2012.
«Es indiferente que el ozono sea de carácter primario o secundario, cuando está en juego la vida y salud de las personas y la propia atmósfera venidera para las futuras generaciones, lo que hace falta es actuar en consecuencia, y no escudarse en este tipo de argumentaciones», ha añadido Hurtado.
En este sentido, el jurista ha resaltado que el coste sanitario para el Estado que supone el ozono troposférico es de 5 mil millones de euros, un 0’3% del PIB, según datos del Banco Mundial.
El químico y miembro del área de contaminación de Ecologistas en Acció de Catalunya, Sergi Cot, ha resaltado la afectación de este contaminante en los cultivos «que provoca una reducción de la actividad agrícola y afecta a nuestra soberanía alimentaria».
Además, el colectivo ha denunciado la desigualdad que genera esta contaminación, ya que mientras la mayor parte de las emisiones se generan en el Área de Barcelona, el Vallès y el Baix Llobregat, las zonas más afectadas están alejadas de estos grandes núcleos urbanos.
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